Estandarización de los mecanismos para la rendición de cuentas

La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (Aprobada por la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Bogotá, Colombia, 7 y 8 de julio de 2016) define el gobierno abierto “como el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo”.

Esta es una definición que se toma de referencia, pero desde que el gobierno abierto ha avanzado y los gobiernos y la ciudadanía se apropiaron de él, la misma ha ido transformándose, pero sin perder lo que permite a este denominase de esta manera que es, sus pilares.

La construcción de un gobierno abierto o un estado abierto o el híbrido entre uno y otro solo es posible cuando se toman acciones para que ello suceda. Muchas de esas acciones se ejecutan diseñando e implementado políticas públicas, planes de acción y/o distintas iniciativas que permiten gobiernos más abiertos.

Esta construcción implica una apertura de su accionar hacia la ciudadanía, a través de mecanismos que le garanticen e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de las políticas públicas.

Esto llevará, no solo al involucramiento de la ciudadanía en las cuestiones del gobierno sino administraciones más transparentes y que rindan cuenta de su acción o inacción.  

En un gobierno abierto la “inacción” podría verse como negativo, pero parte de ser honestos y generar confianza hacia la ciudadanía es poder forjar un circuito que permita una actitud de apertura y diálogo con la ciudadanía, y aquellos momentos de inacción son cruciales para abrir este diálogo.

La rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad de la ciudadanía hacia sus autoridades, y este se genera y se mantiene informando de manera clara sobre sus decisiones y justificando sus acciones, así como acompañado de mecanismos de monitoreo.

En los últimos años, los gobiernos cada vez más se preocupan por integrar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para lo cual el crecimiento del acceso a la tecnología ha sido clave.

Un factor  clave para ello, ha sido la incorporación de estos como miembros de la Alianza para el Gobiernos Abierto, lo que conlleva a que todos estos países se comprometan a asumir  compromisos como parte de un plan de acción, y a evaluar e informar su desempeño en el cumplimiento de estos. En este sentido la Alianza para el Gobierno estableció un proceso,  donde los miembros deberán cumplirlo en base a los valores y principios descritos en la Declaración de Gobierno Abierto a la que se suscriben al unirse a la Alianza.

 Un elemento fundamental de este proceso es la rendición de cuentas, para ello los gobiernos deberán implementar mecanismos que permitan no solo un control social sino que también una retroalimentación en las políticas a transparentar.

El acceso a las tecnologías, no solo por parte de los gobiernos, sino que también una ciudadanía más activa en el uso de las mismas, permite implementar plataformas digitales, que facilitan el acceso a esta información, así como la habilitación de canales de comunicación entre el funcionariado y la ciudadanía.

Pero hay que tener en cuenta, que el crecimiento de herramientas digitales muchas veces no está alineado con la alfabetización digital de la ciudadanía, y se implementa una solución para la rendición de cuentas de cada plan, política pública y/o iniciativa. Esto genera una constante curva de aprendizaje en nuevas herramientas que puede generar una pérdida de interés en la ciudadanía.

En este sentido es clave estandarizar las herramientas digitales para la rendición de cuentas, lo  cual tendría un doble impacto, por un lado las administraciones optimizarían sus recursos tanto presupuestales como humanos, y la ciudadanía podría acceder fácilmente a las distintas iniciativas impulsadas y desarrolladas por los gobiernos sin mayores dificultades.

Estas deberían ser herramientas estandarizadas, que permitan optimizar esfuerzos de costos, desarrollos, implementación, aprendizaje, etc., para todas las partes interesadas.

Comprometerse a fortalecer la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, es seguir avanzando en facilitar su acceso.